La Cámara de Diputados aprobó este martes, con 324 votos a favor y 129 en contra, una reforma a la Ley General de Salud que prohíbe de manera absoluta la producción, importación, distribución, comercialización y venta de vapeadores y cigarrillos electrónicos en México. El dictamen también establece penas de hasta ocho años de prisión y multas que pueden rondar los 226 mil pesos para quienes participen en su comercio ilegal.
La mayoría de la 4T defendió la medida como un paso para proteger la salud pública, especialmente de jóvenes que han incrementado el uso de estos dispositivos en los últimos años. Legisladores oficialistas argumentaron que la prohibición es necesaria para frenar adicciones, daños respiratorios y la presencia de sustancias altamente nocivas en productos vendidos sin regulación.
Por su parte, la oposición —PAN, PRI y Movimiento Ciudadano— acusó que la reforma es “excesiva” y que criminaliza conductas que deberían regularse, no prohibirse, advirtiendo que el mercado negro podría fortalecerse tras la entrada en vigor de la prohibición. Grupos de expertos también alertaron que una política restrictiva total podría empujar a consumidores hacia productos sin control sanitario.
Con la aprobación en lo general y lo particular, la reforma se turna para su continuación en el proceso legislativo. Aunque la prohibición ya avanzó, algunos legisladores advirtieron que aún se buscarán ajustes para que las sanciones penales recaigan únicamente en comercializadores y no en usuarios.
La medida coloca a México entre los países con regulación más estricta en la materia, en medio de un debate global sobre el impacto sanitario del vapeo y los límites de las políticas prohibicionistas.
